Hablar de reaseguro en México es hablar de confianza, de decisiones que no se ven en el día a día, pero que resultan determinantes cuando ocurre un siniestro de gran magnitud. Bajo esa lógica nació Star Re, firma especializada en intermediación de reaseguro que, desde 2011, ha construido su trayectoria con un enfoque claro: garantizar que las aseguradoras y sus clientes cuenten con respaldo real cuando más lo necesitan. Al frente de esa visión ha estado Gerardo Velasco.
Star Re comenzó operaciones en un momento en el que el mercado demandaba mayor rigor técnico y una lectura más profunda del riesgo. Desde entonces, la empresa se ha especializado en sectores donde el margen de error es mínimo: infraestructura, transporte, energía, turismo, programas públicos, dinero y valores, entre otros. “Nuestro trabajo siempre ha sido que el cliente tenga la tranquilidad de saber que está protegido de verdad, no solo en papel”, explica Gerardo Velasco.
A lo largo de más de una década, Star Re ha desarrollado un equipo técnico con amplia experiencia en análisis de riesgos complejos y en la estructuración de programas de reaseguro diseñados a la medida de cada proyecto. Ese trabajo implica evaluar escenarios, entender la operación de cada sector y colocar capacidad con reaseguradoras internacionales que cuenten con solvencia comprobada y respaldo financiero suficiente.
Esa forma de trabajo se refleja en una cifra que marca la trayectoria de la firma: más de 20 mil millones de pesos recuperados en siniestros a lo largo de los años, una muestra concreta de la capacidad técnica y operativa del equipo para acompañar a las aseguradoras en momentos críticos.
Hoy, la trayectoria de Star Re y la visión de Gerardo Velasco reflejan una manera de entender el reaseguro como un componente estratégico para la estabilidad del sector asegurador y para la continuidad de proyectos clave en el país
¿Cómo impacta la corrupción en los derechos humanos?
La relación entre corrupción y derechos humanos es más cercana de lo que suele reconocerse. Aunque no siempre se percibe de forma inmediata, la corrupción limita el acceso a derechos fundamentales y profundiza las desigualdades sociales, especialmente con altos niveles de exclusión.
Cuando la corrupción se instala en las estructuras del Estado, las instituciones pierden legitimidad y eficacia. Los recursos públicos son desviados o mal utilizados, lo que paraliza los presupuestos destinados a áreas esenciales como salud, educación, vivienda y protección social. Mujeres, niñas y niños, personas migrantes, personas con discapacidad y quienes viven en situación de pobreza suelen depender en mayor medida de los servicios públicos, por lo que cuando estos servicios se ven afectados por esta problemática, sus posibilidades de acceder a alternativas privadas son mínimas, lo que agrava su exclusión.
Cuando las prácticas de corrupción se normalizan, la ciudadanía percibe al Estado como distante o ineficaz. Esta pérdida de confianza debilita la participación social y limita la capacidad de exigir políticas públicas más justas e inclusivas. Por esta razón, reconocer que la corrupción tiene víctimas concretas es un paso clave para combatirla. Enfrentar este problema implica adoptar políticas con enfoque de derechos humanos que prioricen la protección de los grupos más afectados y fortalezcan la transparencia institucional.