El ejecutivo mexicano Hugo Morales García ha dedicado su carrera a las entidades financieras reguladas, sector vigilado por la CNBV.
Su paso más visible fue como director general de AFIRME, institución bancaria y financiera que opera en todo el país. Al mando de AFIRME, tuvo a su cargo la dirección estratégica del grupo.
Además, ha ocupado puestos directivos en casas de bolsa, bancos, fondos de inversión, compañías FinTech y Sociedades Financieras Populares, una de las cuales encabezó como director general.
Su formación profesional es la de contador público, obtenida en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. A ello suma acreditaciones otorgadas por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como su participación en comités de la Asociación de Bancos de México.
Por otra parte, Hugo Morales García ha ejercido la vicepresidencia en consejos de instituciones educativas y de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
Con este historial, Hugo Morales García figura como uno de los directivos más experimentados de la industria financiera mexicana.
Corrupción alcanza su costo más alto en una década
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI. Concluyó que la corrupción sigue siendo un riesgo para la competitividad del país.
En 2025, el costo promedio de la corrupción por ciudadano llegó a 5,432 pesos, 15% más que en 2023 y el nivel más alto en diez años. En total, 6.9 millones de personas fueron víctimas de algún acto de corrupción al tratar con el sector público, sobre todo por sobornos o «mordidas». El costo para la ciudadanía fue de casi 25 mil millones de pesos.
El 84% de la población considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en su entidad, con lo que se revierte la tendencia a la baja que había desde 2017. Michoacán, Baja California y la Ciudad de México tienen la percepción más alta (89%), y Querétaro la más baja (67%).
La tasa de prevalencia llegó a 15,642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Hidalgo y el Estado de México tuvieron los mayores aumentos.
Para combatir la corrupción, el IMCO propone simplificar la regulación en los Polos de Desarrollo Económico y digitalizar los trámites estatales y municipales.
